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¿Quién tiene el uso exclusivo del monopolio legítimo de la violencia?
El sociólogo Max Weber en su libro “El político y el científico” distingue al Estado como “la institución que, en una colectiva dada, posee el monopolio de la violencia legítima”, se puede entender que la violencia asemeja al concepto de uso de la fuerza público, concluyendo que el Estado, a través de sus instituciones …
¿Quién ejerce el monopolio de la fuerza pública?
Según Weber, el estado es esa «comunidad humana que (con éxito) reclama el monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un territorio determinado». Independientemente, el estado existe donde una sola autoridad puede autorizar legítimamente la violencia.
¿Qué significa que la coacción es el medio específico del Estado?
La coacción es un delito contra la libertad de las personas que afecta la voluntad de la víctima, obligándola a hacer, no hacer o tolerar alguna cosa. No significa que la voluntad se anula, sino que queda restringida a un campo de acción más pequeño.
¿Cuál es la legitimidad del uso de la violencia?
Según Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos, pero esto no significa que sólo la fuerza pública puede ser usada: la fuerza privada (como en la seguridad privada) se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado.
¿Cuál es la aplicación concreta de la violencia?
Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado.
¿Qué es la violencia en los mercados clandestinos y no organizados?
En los mercados clandestinos y no organizados, la violencia se utiliza para hacer cumplir los contratos en ausencia de una resolución legal de conflictos accesible. Charles Tilly continúa esta comparación para decir que hacer la guerra y el estado son en realidad las mejores representaciones de lo que puede convertirse en el crimen organizado.
¿Cómo combatir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional?
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,