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¿Cómo se activa la competencia de la CPI?
Esta jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte. La CPI tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto (1 de julio de 2002).
¿Cuáles son los delitos que puede juzgar la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998.
¿Qué es y para qué sirve el Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la «Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional».
¿Cuándo tiene competencia la CPI?
Para conocer de los demás crímenes contemplados en el ER presuntamente cometidos en Colombia o por colombianos, a saber, genocidio y crímenes de lesa humanidad, la CPI tiene jurisdicción desde el 1 de noviembre de 2002. Colombia ha apoyado, desde su creación, la labor de la CPI.
¿Qué es el derecho a la defensa y la asistencia letrada?
Este derecho a la defensa y a la asistencia letrada viene recogido en convenios internacionales ratificados por España y por ello con valor de derecho interno tal y como se establece en los artículos 10.2 y 96.1 de la CE, al menos en su faceta penal.
¿Cuáles son los derechos del letrado asistente?
El letrado asistente tiene derecho a mantener con el detenido entrevista antes y después de la declaración. .- En general es su deber trasladar ante el órgano judicial cuantas incidencias se hayan suscitado hasta la comparecencia del detenido ante S.Sª. y que no se encuentren consignadas en las diligencias.
¿Cuál es la libertad del letrado para asesorar al detenido?
.-La propia jurisprudencia establece la libertad del letrado para asesorar jurídica y técnicamente al detenido, incluso aconsejándole respecto de su derecho a no declarar y a intervenir activamente a lo largo de dicha diligencia.